Advierten que el municipio de Villa Carlos Paz ‘obstaculiza la libre competencia empresarial’

El viernes pasado por la mañana inspectores municipales de Villa Carlos Paz clausuraron un local que todavía no había sido inaugurado y no estaba abierto al público debido a que se encuentra tramitando la habilitación correspondiente. De hecho, el logo de la firma ubicado en la marquesina, estaba oculto por una lona y las vidrieras se encontraban tapadas.

Los representantes legales de RE/MAX calificaron el hecho como un “avasallamiento inédito e intolerable a la libertad de empresa” y llamaron la atención sobre lo que consideraron “un procedimiento arbitrario, contrario a la ley, prepotente y manifiestamente irregular” contra la oficina inmobiliaria que contrata los servicios complementarios de la red.

Por una cuestión formal y legal, no es posible clausurar algo que aún no ha sido habilitado. El inspector que se hizo presente “para constatar la actividad comercial” fue recibido por una persona que se encontraba realizando tareas administrativas vinculadas con la futura apertura de la oficina. “De haber hallado alguna anormalidad o irregularidad en la documentación solicitada, el funcionario tendría que haber realizado una advertencia y establecido un plazo razonable para que los responsables del local presentaran la documentación requerida”, detalla el abogado de la marca.

El letrado también subrayó que el funcionario “se extralimitó en sus atribuciones” y sin atender a las explicaciones sobre que el local no se encontraba habilitado ni operativo, procedió igualmente a clausurarlo sin tener facultades para ello, con el perjuicio que acarrea para el emprendedor local que está llevando adelante el proyecto.

Hace más de siete meses que dicha oficina está tramitando la habilitación correspondiente. Sin embargo, y a pesar de haber cumplimentado con todos los requisitos y exigencias de la ley, desde el municipio se ha impedido y dilatado, en forma sistemática, el otorgamiento de la habilitación, al punto de que más de una vez la firma tuvo que recurrir a acciones jurídicas para hacer avanzar los trámites. Pero lo llamativo es que el día anterior a la clausura del local la intendencia notificó a los responsables de la oficina que la habilitación les había sido negada.

Es de público conocimiento que desde hace años RE/MAX es hostigada por los Colegio de Corredores Inmobiliarios porteños y de la provincia de Buenos Aires con la intención de sacarla del mercado. El caso de Villa Carlos Paz no es diferente, a pesar de que RE/MAX lleva más de una década operando en la ciudad. No obstante, los problemas comenzaron en noviembre de 2022 cuando se iniciaron los trámites para habilitar el local.

A partir de ese momento, la Subdelegación Villa Carlos Paz del Colegio de Martilleros Corredores Públicos de Córdoba comenzó las presiones sobre el intendente Daniel Gómez Gesteira (Carlos Paz Unido) para frenar la habilitación.

Pocas semanas después, en enero de este año, y mientras el Municipio demoraba los trámites de habilitación, el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz sancionó la Ordenanza Nº 6923 que restringe el corretaje inmobiliario y su publicidad. La normativa fue elaborada y sancionada en tiempo récord con el objetivo explícito de impedir la apertura de una inmobiliaria que contrata los servicios complementarios de RE/MAX.

Dicha ordenanza “prohíbe la instalación de negocios inmobiliarios de franquicias, licencias, marcas o de cualquier otro tipo de actividades conexas, accesorias o complementarias” del sector. Además, la normativa también prohíbe para las figuras antes mencionadas “la publicidad en cualquiera de sus formas, espacios o modalidades” acotando drásticamente las posibilidades de desarrollar sus actividades a las empresas y emprendedores de la ciudad.

La medida avalada por Gesteira puso en alerta al sector debido a que los “efectos colaterales” de la normativa van más allá de RE/MAX. En efecto, la Ordenanza Nº 6923 afecta en su alcance a muchos otros actores el ecosistema inmobiliario, entre ellos a los buscadores de propiedades como Zonaprop, Argenprop, Mercado Libre, Properati o Mudafy, pero también a otras empresas vinculadas a la actividad turística que intermedian en el alquiler de propiedades (Booking, AirBnB, etc.) e incluso impactaría indirectamente en las empresas de marketing y de publicidad en vía pública.

No deja de llamar la atención a los responsables de la oficina que el gobierno local desaliente la libre competencia y la libertad de empresa, pero que sobre todo pierda de vista que detrás de una inmobiliaria que contrata los servicios de RE/MAX hay un emprendedor local que está invirtiendo en la ciudad.

Además, según señala la fuente legal, detrás de cada emprendimiento hay un corredor responsable, con matrícula oficial correspondiente, que cumple con los requisitos que exige la Ley Nacional N° 20.266 que regula la actividad de los Martilleros y con la Ley 9.445 del Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI).

No obstante este panorama, el gobierno municipal decidió avalar los intereses de los martilleros que se rigen por la Ley 7.191 declarada recientemente ilegal por un fallo de la Justicia. En dicha resolución se establece que la representación legítima de los profesionales inmobiliarios de la provincia es potestad de la Ley 9.445 del CPI.

Fuente: La Jornada Web