España: el 80% de la vivienda "usada" en no se podrá comprar ni alquilar para 2030

La vivienda en España enfrenta un futuro incierto con proyecciones alarmantes que indican que el 80% de la vivienda "usada" podría no estar disponible para compra o alquiler para 2030. 

Esta tendencia se debe a una combinación de factores legislativos y de mercado que están transformando el panorama inmobiliario español. 

Legislación restrictiva y su impacto

La reciente legislación española sobre vivienda busca regular de manera más estricta el mercado del alquiler y la venta de viviendas usadas. Una ley particularmente influyente es la Ley del Derecho a la Vivienda, que ha introducido cambios significativos como la limitación en la actualización de los ingresos por alquileres y el aumento del IBI para viviendas desocupadas. 

Estas medidas pretenden controlar los precios del alquiler y fomentar la ocupación de viviendas vacías, pero también podrían conducir a una reducción en la disponibilidad de viviendas usadas para la venta y el alquiler, dice el blog especializado LegalValenciaMalaga. 

Mercado inmobiliario bajo presión

El mercado inmobiliario en España no solo está siendo moldeado por la legislación, sino también por dinámicas económicas y demográficas que afectan la oferta y la demanda. 

TE PUEDE INTERESAR: Florida se posicionó como el nuevo epicentro del mercado de lujo inmobiliario en Estados Unidos

Las ciudades principales como Madrid y Barcelona ya presentan precios de vivienda que están fuera del alcance de muchos debido al alto costo de la vida y la especulación inmobiliaria, tal como comentan desde el sitio web Expatica. 

Además, la preferencia por viviendas nuevas y más modernas está dejando a un lado el mercado de vivienda usada.

Previsiones para 2030

Para 2030, se estima que una gran mayoría de las viviendas usadas actuales en España no cumplirán con los requisitos de habitabilidad o eficiencia energética exigidos por nuevas regulaciones, haciéndolas inaccesibles para la mayoría de los compradores y arrendatarios. 

Esta situación podría agudizarse aún más por el envejecimiento del parque habitacional y la falta de incentivos para renovar propiedades más antiguas.

Consecuencias a largo plazo

Las consecuencias de estos cambios legislativos y de mercado son profundas. Por un lado, podrían ayudar a mejorar la calidad y sostenibilidad del stock de viviendas. 

Sin embargo, también podrían exacerbar la crisis de vivienda al hacer que las opciones asequibles sean aún más escasas, afectando principalmente a jóvenes y a familias con menos recursos. 

El desafío para los legisladores será encontrar un equilibrio que fomente la renovación del parque habitacional sin desplazar a los actuales residentes o limitar el acceso a vivienda asequible.