Alquileres congelados: reparos de los inmobiliarios

Después de que el presidente Alberto Fernández asegurara que enviará al Congreso un proyecto de ley para congelar alquileres por 180 días y suspender los desalojos por igual período de tiempo, representantes de inquilinos se mostraron a favor de la iniciativa ya que brindará tranquilidad a muchas familias, mientras que desde el sector inmobiliario tuvieron algunos reparos.

Si bien destacaron que el mandatario no habla de dejar de pagar y que el congelamiento será solo por unos meses, se mostraron preocupados por la intromisión del Estado en contratos entre privados que abarcan situaciones muy disímiles.

Consultado por La Nación, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, dijo que Fernández debía expedirse sobre el tema y que ahora solo resta que el proyecto sea bueno y que tenga acompañamiento en el Congreso.

En tanto, desde la Defensoría del Inquilino de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Muñoz dijo que es un propuesta "muy auspiciosa" ya que el alquiler de vivienda en la Argentina tiene un impacto fuerte en la economía familiar . "Va a ser muy difícil recomponer la economía doméstica si no se toma una medida concreta como la que plantea el presidente", afirmó.

Por otro lado, el presidente del Colegio Único de Corredores de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), Armando Pepe, rescató que el Presidente en ningún momento habló de que no se paguen los alquileres sino solamente de que se congelen los valores por 180 días.

"Si hubiera hablado de no pagar los alquileres eso sí sería muy grave. Esto solo afecta a los propietarios que tenían estipulado algún ajuste en estos meses que se verá retrasado", agregó.

Soledad Balayan, titular de Maure Inmobiliaria, coincidió con Pepe en que el plazo del congelamiento no es grave, pero sí se mostró preocupada por el hecho de que el Estado intervenga y dé una excusa para decir que no se puede cumplir un contrato. "Acá hay una negociación y es caso por caso. Cuando tomás una medida así resulta ineficiente porque no es lo mismo un inquilino monotributista que alguien que está en relación de dependencia. No es lo mismo alguien que alquila en Puerto Madero que en otra zona. Es complicado. Para este tema es mejor ver cada caso puntualmente", señaló y dijo que con una medida podés perjudicar a más gente de la que se beneficia.

"Se suele pensar en los propietarios como potentados, pero hay una gran cantidad de jubilados propietarios que, en su momento, decidieron invertir en inmuebles porque sabían que solo con la jubilación no les iba a alcanzar. Entonces es muy fácil hacer concesiones cuando no ponés la plata de tu bolsillo", sumó.

Por último, el fundador de Reporte Inmobiliario, José Rozados, hizo hincapié en que a veces queriendo anticiparse a un problema, se terminan generando otros.

"Ante una situación de fuerza mayor que no pudo preverse como la actual, difícilmente se ordene el desalojo de alguien sin necesidad de que se saque una ley. Por otro lado, si se establece alguna limitación a estos contratos privados no debería ser igual según el tipo de inmueble y la capacidad de pago del inquilino. Hoy, por ejemplo, un empleado del Estado que es inquilino de su vivienda tiene su ingreso asegurado y quien le alquila puede ser un cuentapropista que, por el contrario, no tiene ingresos y depende más que nunca del cobro de ese alquiler", ejemplificó y opinó que la situación se resolvería con el sentido común y la buena voluntad de cada una de las partes: del propietario que pueda ceder a favor de su inquilino si está afectado y del inquilino que pueda pagar y no se aproveche colateralmente de la crisis.

Por otro parte dijo que el Estado debería ofrecer alivios fiscales futuros a los propietarios que se vean imposibilitados de cobrar a inquilinos que no estén en condiciones reales de pagar para al menos retribuir este desequilibrio. "Una vez superada esta crisis nos dejará muchas enseñanzas y seguramente una de ellas en materia económica será que la situación habitacional fue sostenida gracias al esfuerzo de los propietarios privados", concluyó.

Fuente: La Nación