Montenegro no tiene un millón de amigos: inmobiliarias contra la polémica ordenanza que les prohíbe hacer publicidad

La Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) expresó en una nota enviada al intendente Guillermo Montenegro, su rechazo a la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante de General Pueyrredón que prohíbe la publicidad o promoción por parte de las empresas que contratan servicios de franquicias en el rubro inmobiliario. 

Desde la entidad que nuclea a más de 7.000 operadores del sector, se le solicitó al intendente Guillermo Montenegro que vete la norma, no solo por su carácter de anticonstitucional sino también "a fin de evitar graves perjuicios no solo a los actores del sector inmobiliario sino también a los propios particulares que residen en este Municipio y en el resto del país que con fines turísticos lo visitan". 

En la sesión del 21 de diciembre pasado, el Concejo Deliberante marplatense aprobó el proyecto presentado por el bloque de la UCR que prohíbe cualquier tipo de publicidad o promoción de empresas que operan mediante franquicias del rubro inmobiliario.

En su presentación a Montenegro, la CAMESI enumera una serie de aspectos legales que fundamentan la condición de anticonstitucional de la norma, dada que contraría una serie de leyes tanto nacionales como provinciales.

En principio, el escrito enviado al intendente pone el acento en que "el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón carece de competencia para regular el ejercicio de la profesión de martillero público y corredor inmobiliario como así también su publicidad", actividad que está regulada por la Ley Nacional N° 20.266, a la vez que se cita la Ley Provincial N° 10.973 que regula el modo en que debe llevarse a cabo la profesión el ámbito bonaerense, incluida la publicidad.

Se menciona también el caso de Pinamar, cuyo intendente Martín Yeza firmó un decreto vetando una serie de artículos de una ordenanza "que contenía preceptos similares, por no decir idénticos" a los estipulados en el proyecto que fue aprobado por el deliberativo marplatense.

Se indica asimismo que, de promulgarse la citada ordenanza, se generaría "una discriminación negativa contraria al principio constitucional de igualdad, toda vez que pone el énfasis, o mejor dicho, pretende castigar a determinados sujetos como son las franquicias, los intermediarios inmobiliarios, entre otros, sin que exista una justificación válida para ello". 

Más allá de los argumentos legales, CAMESI advierte sobre "los graves e irreparables perjuicios" que generaría la ordenanza a las empresas que la conforman ya que "la publicidad es esencial a los fines de desarrollar la actividad inmobiliaria. Sobre todo, en localidades costeras como el Partido de General Pueyrredón en el que se encuentran situados reconocidos balnearios como el de la Ciudad de Mar del Plata al que asisten anualmente un sinfín de turistas que precisan de oferta inmobiliaria para hospedarse como así también los vecinos del Municipio necesitan publicitar sus viviendas que se encuentran en alquiler y/o a la venta".