La Corte Suprema pone en la agenda pública el trabajo de las franquicias inmobiliarias

La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó cuatro audiencias públicas para tratar causas de alto impacto. Durante los encuentros se resolverán casos de uso de cannabis medicinal, temas de medio ambiente como el conflicto entre la conservación del yaguareté y la explotación económica; el derecho al olvido en Internet y las relaciones con los brokers inmobiliarios y las empresas que pretan servicios inmobiliarios.

Este tema es muy delicado para el sector inmobiliario, dado que desde hace años data una fuerte disputa entre las empresas que ofrecen servicios inmobiliarios complementarios, comunmente denominadas como "franquicias", y los colegios de martilleros de distintos puntos del país, que han perseguido de distintas maneras a los que practican esta actividad, acumulando denuncias cruzadas y pollémicos fallos judiciales que ahora, con la audiencia pública planteada por la Suprema Corte que preside Horacio Rosatti, comenzarán a zanjarse dada la diversa y variopinta jurisprudencia que se fue acumulando en los últimos 15 años, tras el desembarco de las marcas en nuestro país, entre las que están RE/MAX, Keymex y otras. 

Los temas para las audiencias fueron definidos por los jueces al cabo del primer acuerdo de 2022, que se celebró tras la marcha convocada por un sector del oficialismo nacional en la que se reclamaba la renuncia de los magistrados y antes de otra manifestación de la oposición a favor del máximo tribunal realizada en la tarde del último viernes.

En las audiencias, según informó La Nación, participarán los abogados de las partes en disputa y expondrán sus casos ante los jueces de la Corte y el público. Podrán presentarse amigos del Tribunal (amicus curiae) y los magistrados podrán interrogar a las partes para dictar, al cabo de los encuentros, una sentencia escrita.

La Corte tratará además causas relacionadas con corredores inmobiliarios, analizando conflictos sistémicos producidos entre los colegios de corredores y martilleros y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional. Es que la de corredor inmobiliario es una profesión regulada tanto por la Nación como por las provincias y los conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Lo que se encuentra en debate es si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando a su vez alcanzado el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita.

La demás causas específicas que tratará la Corte y sus fechas de audiencia se darán a conocer oportunamente. En su acordada 30 de 2007, la Corte Suprema de Justicia reguló la realización de audiencias de carácter público con el propósito de elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho. Las audiencias tienen el objetivo de garantizar la participación ciudadana y la difusión del modo en que la Corte lleva adelante los procesos y desde que fueron instauradas se convocaron 37 audiencias públicas sobre diversos casos de interés general.

FUENTE: elaboración propia en base a LA NACIÓN