Investigado por corrupción, el Municipio de San Martín suma polémicas con el Colegio de Martilleros

A la crisis política y las sospechas de corrupción que experimenta por estos días el Municipio de San Martín se sumó recientemente un curioso episodio: el Colegio de Corredores y Martilleros de esa localidad, que preside José María Sacco, se escudó en la municipalidad para realizar un supuesto operativo de control en el que se infraccionaron carteles inmobiliarios que estaban en la vía pública.

Días atrás, diversos carteles de publicidad inmobiliaria aparecieron tapados por fajas con la leyenda “cartel en infracción”. Las fajas también tenían impreso el logo y el nombre del Municipio de San Martín y destacaban el área de “Gobierno y Seguridad”.

Sin embargo, desde la comuna de San Martín negaron haber llevado adelante ese operativo y las sospechas cayeron sobre una posible acción ilegal del Colegio que dirige Sacco desde hace casi 20 años.

Ya con cinco períodos de gestión, Sacco –que también fue hasta hace poco vicepresidente del Colegio de Martilleros de la Provincia de Buenos Aires– ha encarado diversas maniobras contra las franquicias inmobiliarias.

Hace poco más de un año, el presidente del Colegio de San Martín se reunió con Francisco Nigro, por entonces secretario de Gobierno de San Miguel (jurisdicción bajo la órbita de San Martín). La reunión, que coincidió con la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, tuvo como objetivo solicitar a las autoridades una ordenanza que prohíba las operaciones de franquicias en la localidad.

Aunque las franquicias prosperan y generan empleos en diversos rubros, Sacco (al igual que muchos dirigentes de los colegios de martilleros bonaerenses) porfía en buscar desplazar del mercado a las empresas que prestan servicios inmobiliarios complementarios a martilleros matriculados que trabajan de manera independiente.

San Martín suma polémicas

El operativo “fantasma” del Colegio de Martilleros de San Martín parece alinearse con los “empleados fantasma” que la Justicia investiga en esa jurisdicción. Por estos días, luego de que la Policía Federal allanara la municipalidad de San Martín y le prohibiera al intendente Fernando Moreira salir del país, el fiscal federal de San Martín Paul Starc volvió a solicitar la detención del intendente de ese municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Incomoda al municipio una maniobra del Colegio de Corredores de San Martín

La investigación por supuestos “empleados fantasma” se inició en el 2023. En la causa se investigan presuntas irregularidades en la designación de empleados del Municipio y del Consejo Deliberante. El expediente está a cargo de la jueza Alicia Vence.

En el marco de esa causa, el fiscal Starc ya había pedido la detención de Moreira, así como de otros cinco imputados, funcionarios del Municipio de San Martín y del Consejo Deliberante. Todos están imputados por el presunto delito de “defraudación en perjuicio de una administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documento público”.

La investigación se inició cuando un vecino de San Martín que cobraba un plan social fue dado de baja de ese beneficio. A raíz de su denuncia, las autoridades le explicaron que fue despojado del cobro porque figuraba como empleado de la Municipalidad de San Martín, con un sueldo de $300.000. En realidad, el vecino no sabía que figuraba como empleado del Consejo Deliberante de ese municipio.

Durante los allanamientos en la municipalidad, se recolectó información sobre los empleados reales y se corroboró quiénes cobraban dinero y supuestamente no trabajaban en el municipio. Se descubrió que al menos otras 10 personas habían sido designadas en un mismo decreto. La modalidad se vincula con la que utilizaba el puntero político Julio “Chocolate” Rigau.

Aunque ante un pedido anterior la jueza Vence consideró que no existían riesgos procesales para disponer la detención de Moreira, lo cierto es que el intendente de San Martín podría ir preso en estos días.

FUENTE:INFOBONAERENSES