La Justicia rechazó cautelar de vecinos de barrios privados para retrotraer el impuesto inmobiliario de Axel Kicillof

La Ley Fiscal Impositiva 2024 dispuso una serie de incremento para los valores del impuesto que comienzan en 140% para los inmuebles cuya base imponible sea de hasta $5.054.912. Si el valor se ubica entre la cifra anterior y los $9.310.820 será de 180%. En caso de que sea de hasta $17.384.452 pagarán con subas de 190%, mientras que si se encuentran por encima del valor previo pero debajo de $121.800.000, el incremento será de 200%.

Si la valuación del inmueble excede los $121.800.000, la administración bonaerense dispuso que el valor a pagar debe salir del cálculo en base a una fórmula prevista por la propia normativa. La presentación judicial cuestiona que hay partidas que superan ampliamente el porcentaje estipulado, dado que además se eliminaron una serie de beneficios impositivos que regían para 2023.

La normativa fue defendida por el Ejecutivo local debido a la elevada inflación anual registrada en el 2023, pero también recibió cuestionamientos de distintos sectores, entre ellos del presidente Javier Milei, quien la calificó de "robo descarado", y del diputado José Luis Espert, que llamó a "una rebelión fiscal" para no pagar el impuesto.

A la par de las críticas desde una parte del arco político, el grueso de las quejas proviene de propietarios de inmuebles de alto valor fiscal. Los vecinos de los barrios privados platenses, por caso, optaron por presentarse ante la Justicia mediante la representación del abogado Enrique Luis Condorelli.

La Justicia rechazó cautelar de vecinos para declarar inconstitucional la suba impositiva de Axel Kicillof

La cautelar, rechazada por la Justicia, plantea que la ley, sancionada con el apoyo del peronismo, sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO e incluso de La Libertad Avanza, va en contra del Acuerdo Fiscal al que adhiere la Provincia.

Asimismo, afirma que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) “para justificar el aumento, se apoyó en la variables económicas, inflación y demás aspectos de la moneda a los que curiosamente, como Estado, debería combatir pero, lejos de ello, decide aplicar una desbocada actualización de un año a otro, aspecto que está prohibido por las leyes federales citadas”.

En su argumentación, los vecinos pidieron “que se reconozca pagar el impuesto inmobiliario de acuerdo a las pautas establecidas en los Consensos Fiscales" a los que adhirió la Provincia de Buenos Aires, es decir, abonar "el 3% sobre la valuación fiscal”, señalaron.

Al mismo tiempo, solicitaron a la jueza que permita “pagar el tributo de acuerdo a lo que se abonó en el año 2023 sin aumento ni actualizaciones atento a que el incremento del año 2024 afecta los principios de legalidad y seguridad jurídica, además de lesionar la prohibición de actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas de acuerdo a los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -modificado por la ley 25.561-.”.

En su defensa, el organismo conducido por Cristian Girard manifiesta que ARBA es la responsable de ejecutar la política tributaria, diseñada mediante la Ley Impositiva 2024, “de acuerdo a un esquema progresivo y equitativo”, que fue dictada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.

Además, remarcó que “el marco legal ha sido establecido respetando las pautas de los Consensos Fiscales, especialmente, el del año 2021, siendo por tanto la liquidación del tributo plenamente legal, por lo que ARBA no sólo está facultada, sino obligada a intimar y ejecutar su cobro en los casos de falta de pago”.

En tanto que la jueza planteó que parte del pedido realizado “excede ampliamente los límites del conocimiento cautelar pues no se limita a un análisis jurídico como pareciera quererse ver en la postulación, sino exige la tarea propia de la actividad probatoria y del debate amplio del proceso de conocimiento”.

Martínez Ventura decidió “rechazar la medida cautelar solicitada atento su manifiesta improcedencia”; asimismo impuso costas “en el orden causado al no haberse suscitado controversia” y postergó “la regulación de honorarios del letrado patrocinante de los actores (quien también demanda en causa propia), para el momento de dar por concluida la causa, a los fines de evaluar la totalidad del trabajo realizado”.

FUENTE AMBITO